Una Nueva Agenda de Trabajo en la relación México - Estados Unidos
Vicente Fox Quesada

Desde 1929, la ausencia de democracia en México ha sido un ingrediente determinante en la relación entre nuestro país y los Estados Unidos. Nuestra agenda, compromisos y decisiones siempre han estado enmarcados, en mayor o menor medida, por el autoritarismo propio de nuestro orden político. A través de los años, nuestra política exterior no ha perseguido ni procurado los intereses nacionales, sino la preservación del régimen de partido de estado.

Conforme México se transforma en un país democrático proceso que se concretará el 2 de julio-, las políticas y usos democráticos darán paso a una renovada confianza y a una renovada ambición en nuestras acciones y negociaciones internacionales.

Mi gobierno honrará sus compromisos internacionales. En el ámbito del comercio y la inversión, apoyaré como Presidente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y aprovechare sus beneficios. Sin embargo, es evidente que a la par de resultados positivos, el TLC ha propiciado también la polarización entre las regiones y las empresas de nuestro país.

A fin de asegurar una gestión exitosa del TLC mi gobierno propondrá la realización de un esfuerzo conjunto para profundizarlo, fortalecer sus instituciones, mejorar las cosas que no han funcionado bien, y asegurar un proceso equitativo y de beneficios para todos.

Existen, varios rubros estrictamente económicos o comerciales donde tendría sentido profundizar el Tratado de Libre Comercio, como los mecanismos de financiamiento compensatorio que nunca se establecieron en 1993, en particular en materia de infraestructura y de gasto de cohesión social. Se ha comprobado de ambos lados de la frontera que la infraestructura mexicana no da abasto a la magnitud del incremento del comercio y de la inversión entre los dos países.

En materia de medio ambiente y laboral, resulta necesario incorporar mecanismos más transparentes para dirimir conflictos y una participación más amplia de la sociedad civil.

Respecto de la migración, la situación es intolerable. Como resultado de la equivocada política económica y social del partido en el poder en mi país, cerca de 400,000 migrantes mexicanos intentan cruzar la frontera cada año, en una búsqueda por ocupar los espacios disponibles en los mercados laborales estadunidenses.

Alan Greespan ha señalado que los inmigrantes mexicanos juegan un papel significativo en el control de las presiones inflacionarias en Estados Unidos, no obstante, crece el descontento por su presencia.

Desde 1994, la policía estadounidense encargada de asuntos migratorios se ha vuelto más restrictiva y represiva que nunca, provocando una fuente de constante conflicto entre ambos países y, por consiguiente, entre ambas sociedades.

En la frontera, el Servicio de Inmigración y Naturalización estadounidense ha puesto en marcha estrategias que han fracasado en su propósito por detener los flujos de migrantes, pero han logrado incrementar los riesgos en los que incurren aquéllos. Como resultado de la operación Gatekeeper, en diciembre de 1999 murieron 465 mexicanos en la zona de San Ysidro y Tijuana.

Comparto la indignación por la suerte que corrieron esas víctimas inocentes. Dichas muertes representan una severa crítica a las políticas actuales y han estampado una cicatriz en nuestra historia compartida. Tal tragedia humana es una cuota inaceptable de control fronterizo, y no tiene cabida dentro de una relación entre vecinos pacíficos y amigables.

Es claro, que la migración masiva de México hacia los Estados Unidos encuentra su razón de ser en la persistente incapacidad de la economía mexicana para crear suficientes empleos y oportunidades para nuestra gente.

Por ello hemos propuesto un programa económico que nos llevaría a cambiar el sendero de crecimiento de la economía al 7 % y generar los empleos que están demandando los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo; y una política de desarrollo regional y desarrollo social para generar oportunidades de empleo y auto-empleo en las comunidades más marginadas y los municipios más atrasados, que son las zonas de más alta densidad migratoria.

Sin embargo debemos estar conscientes de que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, la migración masiva de México hacia los Estados Unidos responde a realidades complejas que no se pueden revertir de la noche a la mañana. Por tal razón, nosotros garantizaremos la seguridad y el respeto a los derechos de los migrantes.

Reconocemos el derecho soberano de los Estados Unidos para establecer sus políticas migratorias, pero esa prerrogativa no anula los derechos civiles de los trabajadores migrantes, ni debe propiciar conductas abusivas e inhumanas.

Mi gobierno no se mantendrá indiferente mientras alguno o algunos de sus ciudadanos en el exterior son perseguidos, golpeados y explotados. La protección a los migrantes mexicanos será una prioridad de la política exterior de México y, cuando las circunstancias lo requieran, responderemos a los abusos con todo el rigor de nuestras capacidades.

Nuestra agenda en materia de migración no se reducirá a la protección de los derechos de los migrantes, ni nuestros esfuerzos a proveer trabajos y oportunidades para nuestra gente. Como Presidente iniciare consultas sobre la posibilidad de negociar un acuerdo migratorio satisfactorio.

Tengo la seguridad de que podemos alcanzar un punto de acuerdo benéfico tanto para los Estados Unidos como para México. Eso quizás deba incluir una serie de acuerdos regionales y específicos en cuanto a industrias; criterios para obtener una visa temporal para trabajar; los servicios de salud y seguridad social; y mecanismos binacionales de vigilancia.

Independientemente de lo anterior mi gobierno asumirá la responsabilidad y el compromiso de invertir en la generación de oportunidades de empleo en su propia tierra.

Con respecto al narcotráfico nuestros dos países tienen que encontrar nuevas formas de entendimiento y cooperación.

México gasta cerca de mil millones de dólares en la guerra contra las drogas, y aún así, 70% de todos los embarques de cocaína y 90% de todos los de heroína, cruzan la frontera sin ser detectados.

Cada año, el gobierno mexicano afirma que sus acciones han conducido a un éxito sin paralelo: más ofensivas contra narcotraficantes, más arrestos, más plantaciones de mariguana y amapola erradicadas. Empero, los precios al consumidor de las drogas ilegales, igual en los Estados Unidos que en México, han variado en forma insignificante o incluso han descendido durante los pasados cinco años.

Nunca antes un número tan amplio de personal del ejército mexicano y de la policía ha estado involucrado en esta guerra, pero a pesar de ello la violencia relacionada con el narcotráfico ha alcanzado niveles intolerables y el poder de corrupción de los narcotraficantes difícilmente tiene comparación en la historia del mundo.

La negación de la situación real, sin embargo, no es asunto exclusivo de México. Las autoridades estadounidenses ya sean de la DEA, del FBI, del Departamento del Estado o de la Oficina Nacional para el Control de las Drogas- desconfían del gobierno mexicano y del sistema judicial, no les parecen acertadas las estadísticas mexicanas y reconocen en privado que su estrategia en México padece un total desorden. Aún así, proveen a su vecino de ayuda militar, alaban los esfuerzos mexicanos cada que hay oportunidad, firman tantos documentos, protocolos y acuerdos de cooperación como el tiempo permite y, por supuesto, anualmente insisten en llevar a cabo el inútil ritual denominado certificación.

La cruda realidad es que los esfuerzos para el control de las drogas no son efectivos, que la corrupción relacionada con el narcotráfico en México ha penetrado las instituciones estatales hasta los niveles más altos, y que las formas de cooperación actuales entre México y Estados Unidos no conducen a resultados positivos.

Esa realidad no cambiará a menos que su causa primaria sea finalmente atacada: la existencia de un régimen autoritario y corrupto en México. En nuestro país no ha habido carencia de recursos pero sí ausencia de determinación política y de liderazgo para combatir el crimen y la corrupción, características que nunca poseerá un Presidente priísta.

Nuestra estrategia se basará en cuatro principios centrales:

    1. Poner fin a la relación entre drogas y política: en México la corrupción relacionada con el tráfico de drogas es una manifestación de una pauta de corrupción e impunidad mucho más amplia. De ser elegidos, instituiremos las medidas siguientes:

        1. Crear una Comisión Nacional de Transparencia, encabezada por prestigiados ciudadanos y dotada con amplios poderes legales para investigar todos los cargos de corrupción sobre varios años.

        2. Aumentar las capacidades públicas de vigilancia: buscaremos acrecentar los poderes e instrumentos de vigilancia del Congreso; instituiremos un régimen de libertad de información respecto de las transacciones financieras del gobierno; todos los servidores públicos estarán sujetos a auditorías públicas.

        3. Modernizar los cuerpos encargados de la procuración de justicia: mejoraremos radicalmente los procedimientos y sistemas de impartición de justicia; crearemos registros nacionales sobre armas, vehículos y personas; dotaremos de tecnología de punta a nuestras unidades de investigación del crimen; mejoraremos por completo los sueldos y las condiciones de trabajo de nuestro personal judicial, no sin supeditarlo a constante escrutinio financiero.

        1. Reducir los bastiones sociales del comercio de drogas: el narcotráfico no florece en el vacío. Sólo surge y prospera en un ambiente de pobreza y desesperación. En diciembre estableceremos las condiciones para su eliminación a través de las medidas siguientes:

            1. Crear alternativas económicas para los campesinos: estableceremos un registro electrónico de propiedades rurales; instituiremos programas ambiciosos de generación de empleos en áreas rurales; y promoveremos una mayor rentabilidad de la producción agropecuaria.

            2. Reducir los espacios al narcotráfico, para producir, para vender y para disfrutar: las regulaciones en materia de lavado de dinero serán reforzadas; se destinará inversión en educación a las zonas donde las drogas sean comunes; y se intensificará la vigilancia en las escuelas.

            1. Eliminar paraísos financieros para el dinero proveniente del narcotráfico: las actividades ilegales no pueden existir a menos que sus ganancias sean legitimadas por el sistema financiero. Mejoraremos el marco regulatorio de los bancos: e incrementaremos los flujos de información.

            2. Mejorar la cooperación multilateral: el narcotráfico es una amenaza global que debe ser combatida a través de la cooperación. Nuestra estrategia en este asunto tendrá dos frentes:

              1. Combate a medidas unilaterales: dentro de los límites de la legislación estadounidense, haremos campaña en contra del proceso de certificación; rechazaremos cualquier forma de intervención directa en México por parte de personal del ejército y la policía de Estados Unidos.

              2. Fomentar el entendimiento multilateral: trabajaremos a través de las Naciones Unidas y los foros de la Organización de Estados Americanos para crear un régimen global equitativo del control de las drogas; promoveremos alianzas con objetivos específicos con países latinoamericanos, para reducir la vulnerabilidad de nuestras fronteras del sur; buscaremos formar un sistema Interamericano de información sobre el crimen organizado; revisaremos nuestros instrumentos de cooperación con los Estados Unidos para enmarcarlos en una estrategia multilateral satisfactoria.

              Pueden estar seguros de que mi gobierno emprenderá acciones decididas y contundentes contra el narcotráfico. Cumpliremos con nuestra responsabilidad, y pedimos que los Estados Unidos actúen en consecuencia.

              Sabemos que la solución al acertijo de las drogas aún no se advierte en el horizonte. Pero dados los contratiempos y las desastrosas fallas de los últimos treinta años, creemos que es tiempo de que todos analicemos desde una posición seria y de autocrítica nuestras políticas en materia de drogas.

              Muchos otros asuntos conforman nuestra rica, compleja y fructífera relación bilateral. Algunos de ellos han sido, por demasiado tiempo, imperdonablemente marginados tanto en México como en los Estados Unidos. Por ejemplo, nuestra frontera común está al borde de una severa crisis ambiental, la cual amenaza la salud, la seguridad, y el bienestar de más de 20 millones de personas.

              Las instituciones que hemos construido (NADBank, ECC), hasta ahora se han mostrado insuficientes para cumplir con la tarea que dio pie a su creación. Debemos reinventarlas, ampliar sus alcances y sus recursos, y establecer nuevos instrumentos legales que sean congruentes con los intereses comunes de las personas que habitan a ambos lados de la frontera.

              México enfrenta las elecciones más competidas de su historia. El 2 de julio los mexicanos decidiremos por la continuidad o el cambio. Estamos en nuestro país a un paso de la alternancia en el poder, las encuestas lo muestran cada vez con mayor solidez.

              Será, estamos confiados, una transición pacífica a la democracia después de 70 años de un partido de estado. Una transición de la corrupción a la honestidad; de la pobreza a la generación de oportunidades; de la impunidad al estado de derecho; de las crisis sexenales al crecimiento sostenido.