septiembre 29, 1999 / Federación Nacional de Colegios de Abogados

Por la plena vigencia del Estado de Derecho

 

No nos engaĖemos ∑

Independientemente de las declaraciones triunfalistas de los funcionarios públicos, la situación de México es seria. Hoy, como a inicios de siglo, nuestro país enfrenta graves contrastes, polarizaciones sociales excesivas y profundas heridas en el tejido social.

La estabilidad macroeconómica es un concepto conocido por las nuevas generaciones solo en los libros de texto.

No hemos sido lo suficientemente hábiles para crecer y menos para distribuir la riqueza. Ha faltado visión para invertir en nuestra propia gente.

La corrupción ha permeado a la sociedad. Las instituciones del estado han sido penetradas por el crimen organizado y el narcotrafico, y la inseguridad pública se ha colocado en el centro del debate nacional.

A pesar de todo esto y de los malos gobiernos que hemos tenido, los mexicanos no estamos derrotados, pero si profundamente insatisfechos:

México entero reclama un nuevo pacto social, un proyecto nacional que nos lleve a construir un desarrollo sostenido, justo y equitativo.

México entero reclama una nueva forma de ejercer el poder. Un gobierno libre de corrupción, de intereses y privilegios. Un gobierno que haga eficientes las estructuras gubernamentales y transforme radicalmente la cultura de los servidores públicos.

"ņQuién se atreverá a poner límites al ingenio de los hombres?, sentenció hace siglos Galileo Galilei. Hoy nosotros preguntamos: ņQuién se atreverá a poner límites a la sed de triunfo del pueblo mexicano?

Nuestra nación reclama audacia, pasión y mucho trabajo para convertirse en un país de vanguardia económica y elevado desarrollo humano, donde se pueda vivir en paz y la democracia se convierta en oportunidades para que todos tengan una vida digna.

Nuestra nación reclama un proyecto de nación que conduzca a una democracia moderna que asegure tres cosas; crecimiento económico; desarrollo personal; y paz.

Nada de lo cual puede lograse sin seguridad jurídica.

 

Todos somos testigos de la inoperancia de nuestro marco jurídico; del fraude financiero como mal menor; de la falta de garantías sobre derechos de propiedad; del manejo excluyente del poder público; de la no rendición de cuentas; de la ley de la selva en el comercio informal.

Todos somos testigos de que las bandas organizadas cobran cada día más fuerza; de que los narcotraficantes, secuestradores y asaltantes cuentan con armamento moderno y tácticas criminales especializadas.

Todos somos testigos de la impunidad. La probabilidad de que un delincuente llegue a ser detenido es de solo 13 de cada 1000.

Nunca como hoy existe consenso de la insuficiencia de la ley y las instituciones para regir justamente la vida social.

Como nunca hoy el ánimo de la sociedad mexicana es de insatisfacción y de temor.

Necesitamos edificar un estado de derecho en el que ya no sean las personas sino las leyes y las instituciones, las que determinen las respuestas.

Un estado de derecho que sea instrumento eficaz para organizar con justicia la convivencia humana; que sea el territorio imparcial donde pueden dirimirse, negociarse, ajustarse y resolverse con equidad las diferencias.

Necesitamos pasar de la impunidad a la aplicación de la ley; de la corrección a la prevención del delito; de la prepotencia de las autoridades al espíritu de servicio; de la violación de los derechos humanos a su promoción y defensa.

Aspiraciones de los ciudadanos

Durante los últimos dos aĖos he recibido muchas propuestas y escuchado las demandas de miles de mexicanos. Ciudadanos que me han expresado lo que esperan de mi gobierno en materia de estado de derecho:

  1. La garantía de que la ley será igual para todos. De que se terminara con las deficiencias de los procesos judiciales que permiten a muchos funcionarios y ciudadanos evadir la acción de la justicia; y de que se respetaran los derechos de propiedad.
  2. El compromiso de integrar un gobierno plural e incluyente; profesional, honesto y de calidad; que rinda cuentas e integre a mujeres y hombres de reconocida capacidad, calidad moral y sentido de responsabilidad.
  3. La garantía de que se atenderán las demandas de la sociedad de participar más activamente en el desarrollo de país, de ser tomados en cuenta en los procesos de toma de decisiones y en la ejecución de los programas.
  4. La certeza de que se terminara con la excesiva concentración de facultades y atribuciones en el gobierno federal; y que se impulsará el desarrollo nacional a partir de sus regiones.
  5. La garantía de que no se tolerarán violaciones a los Derechos Humanos.
  6. La convicción de que debe reformarse toda la cadena de la seguridad pública y de justicia, a fin de aumentar la eficacia de las instituciones, enfrentar la impunidad, y restablecer la confianza de los ciudadanos en su gobierno.
  7. El compromiso de que se combatirá la corrupción sin privilegios ni salvedades, pero sin venganzas políticas o revanchas partidistas.

Líneas de acción de mi gobierno

 

ņ Cómo atender los justos reclamos de la sociedad?

Tres son los ejes sobre los que se basa nuestra propuesta en esta materia:

Garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos frente al poder público; garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos frente a los demás ciudadanos; y garantizar el imperio de la ley en el ámbito del sector público.

Cinco las prioridades: Disminuir drásticamente la impunidad; poner un hasta aquí a la corrupción; acabar con el centralismo; asegurar una ciudadanía de alta intensidad; y vivir el respeto a los derechos humanos.

El problema de la seguridad pública y de la procuración e impartición de la justicia es más que de leyes de impunidad, de ineficacia para aplicar la ley existente. Nuestras leyes imponen un alto precio a las conductas delictivas, pero las ineficiencias institucionales las tiene en permanente oferta. Ninguna reforma legal podrá por si misma desalentar a los criminales potenciales mientras no se incremente la eficacia de los medios de persecución que ofrece la autoridad.

No hay otro camino. La eficacia en la aplicación de la ley es la piedra angular que sustenta la armonía social y la confianza en las instituciones.

La principal tarea en esta materia esta en profesionalizar y modernizar las instituciones públicas para revertir la inercia burocrática a favor de la impunidad.

En mi gobierno se fortalecerán los sistemas de información y la indagación profesional y científica para esclarecer más casos e identificar más delincuentes. Terminaremos con el nombramiento del Procurador por parte del ejecutivo.

Promoveremos en cada servidor público una autentica mística de servicio, y alta calidad profesional y moral; y desarticularemos los vínculos y la infiltración del crimen organizado y el narcotrafico en las estructuras policiacas.

Vemos con tristeza como en México el narco de mete cada vez más en nuestras vidas y hasta en nuestras entraĖas.

Nos encontramos ya ante un fenómeno de amplitud y proporciones aterradoras, no solamente por el elevadisimo número de vida arruinadas, sino también por la preocupante extensión del contagio mortal que desde hace tiempo está llegando principalmente a los más jóvenes.

Para un observador externo resulta francamente decepcionante que los países no encontremos la salida para parar uno solo de los vasos comunicantes de la droga. Ni la producción, ni el transporte, ni el consumo. No hay duda que los narcotraficantes están más integrados que los gobiernos. No podemos permitirlo.

Debemos librarnos de la camisa anticuada de la visión bipolar de la cooperación y entrar a la era de la cooperación multinacional en materia de drogas.

Además de incrementar la efectividad de la denuncia, debemos promoverla. Para ello haremos públicos los intereses de quienes especulan con este mercado, sus instrumentos y los mecanismos de los que se sirven. Buscaremos contar con la participación corresponsable de la sociedad.

Unificaremos criterios y diseĖaremos estrategias conjuntas entre los tres niveles de gobierno y no permitiremos que el crimen organizado este más preparado y mejor armado que los cuerpos de seguridad.

El surgimiento de discrepancias entre el poder central y los gobiernos estatales y municipales es un síntoma inequívoco del agotamiento y deterioro del modelo de desarrollo económico y político fundado en la concentración de los poderes político y económico.

El gobierno central se encuentra rebasado por las demandas locales y las autoridades locales, a su vez, carecen de los recursos y las facultades para hacerles frente.

Es necesario dar rumbo al federalismo. Terminar con decisiones casuísticas y discrecionales. Definir las competencias que corresponden a cada ámbito de gobierno, acotar el ejercicio centralizado que en la actualidad ejerce el Poder Ejecutivo Federal, y reconstituir el senado como garante del pacto federal.

Se trata de concebir un nuevo paradigma donde el desarrollo de nuestro país se estructure de abajo hacia arriba, donde la descentralización sea la regla no la excepción, y se restauren las capacidades recaudatorias a los estados y municipios.

La sociedad mexicana se ha transformado. Hoy es una sociedad madura, crítica, exigente y participativa. Ha dejado atrás el miedo y el conformismo. Los ciudadanos exigen ser tomados en cuenta y hacen propuestas de gran interés para el desarrollo del país.

No obstante y con una gran miopía, en México el poder se ha ejercido con la ausencia, abstención o reducida participación del primer sujeto del propio Estado: el ciudadano. El ciudadano tiene el derecho y la responsabilidad de participar en los asuntos públicos de su comunidad no solo mediante el ejercicio del voto y la crítica a los actos de los gobernantes, sino también en los procesos de toma de decisiones del quehacer público.

Impulsaremos la reglamentación de mecanismos de plebiscito, referendo, iniciativa y consulta popular, como formas de participación ciudadana en la toma de decisiones.

Aseguraremos también la participación ciudadana en instituciones autonomas no adscritas a los tres poderes de la Unión que son necesarias en el arreglo institucional mexicano y que se promoverán en mi administración.

Mi gobierno será un promotor incansable de la participación de la sociedad en la toma de decisiones de las dependencias gubernamentales y en la gestión pública de los tres ámbitos de gobierno.

Estamos también convencidos que el estado debe ser un gran promotor y facilitador de iniciativas ciudadanas para atender a grupos menos favorecidos. Eliminaremos los candados que inhiben la participación de los ciudadanos.

Una de las batallas más fuertes de nuestro tiempo se da en torno a los derechos humanos. Desgraciadamente, como en muchas otras áreas, nuestro país esta llegando tarde.

En México no existe una cultura de respeto a los derechos humanos.

Cotidianamente se hacen denuncias sobre fraudes electorales, abusos, violaciones, torturas y más.

Cotidianamente escuchamos violaciones a los derechos humanos relacionadas con los cuerpos policiales; con las etnias, que siguen siendo la parte más olvidada y agraviada de nuestro país; con las mujeres donde persiste la segregación y la discriminación en el empleo; con las personas con discapacidad; con los chiquillos cuya protección no esta incorporada a la cultura nacional.

Cotidianamente escuchamos de daĖos y perjuicios que ocasionan las conductas ineficientes de los servidores públicos en el patrimonio de los particulares.

Es obligación del Estado promover y garantizar tanto los derechos individuales como los derechos sociales, sin distinción de credos religiosos, convicciones políticas o ideologías, a través de una Comisión Nacional de Derechos Humanos fortalecida.

No nos equivoquemos. Solo cuando se respeten en México los derechos humanos, tendremos la normalidad en nuestra convivencia interna.

Solo cuando se respeten los derechos de los grupos minoritarios y de los ciudadanos excluidos alcanzaremos la justicia social.

Permítanme ahora dedicar la parte final de mi presentación a un tema que me indigna como panista y como mexicano: la corrupción.

Es de tal magnitud la corrupción que en debates públicos, discusiones académicas y decires populares, se seĖala como un componente intrínseco de la cultura política mexicana; un rasgo indeleble de la idiosincrasia nacional; un fenómeno endémico, con profundas raíces históricas y culturales.

Es de tal magnitud la corrupción que una parte de la sociedad considera que todo intento por erradicarla resultaría una tarea inútil, un enfrentamiento desigual y catastrófico entre la voluntad política y la dura realidad cultural.

La realidad es que la corrupción tiene orígenes muy claros. El régimen posrevolucionario hizo de la corrupción un instrumento predilecto de control político.

A partir de los aĖos veinte y treinta la corrupción se tornó en una practica de Estado, utilizada para mantener la cohesión de la familia revolucionaria, para comprar voluntades, limitar disidencias y garantizar acuerdos.

Así como los operadores electorales del régimen incurrieron por décadas en lo que denominaban el őfraude patriótico‚, sus agentes políticos promovieron la őcorrupción patriótica‚.

En nombre del interés público miles de funcionarios perpetraron incontables actos de corrupción para asegurar la supervivencia y reproducción del sistema político.

La cooptación de grupos disidentes a cambio de prebendas, el soborno a dirigentes sociales y líderes de oposición o la distribución de recompensas monetarias a periodistas, se constituyeron en signos de los tiempos.

Por ello hoy la sociedad exige de manera enérgica que se combata la corrupción sin privilegios ni salvedades; que se hagan explícitas las formulas para mitigar la corrupción; y se cuente con un marco institucional eficaz de rendición de cuentas; y mecanismos que acoten la discrecionalidad y el abuso del poder.

La corrupción es un fenómeno social con orígenes en arreglos políticos, económicos e institucionales específicos. Es, por tanto, un mal erradicable. Mi propuesta a los mexicanos se basa en las siguientes estrategias:

Debe pensarse en fortalecer la división de poderes y los sistemas de frenos y contrapesos a la acción del ejecutivo: cuartel general de la corrupción. Debe pensarse en la eliminación del fuero de los servidores públicos para delitos del orden común.

El Congreso de la Unión debe ganar en autonomía y capacidad técnica; debe renovar sus instrumentos de vigilancia del erario y de rendición de cuentas de los servidores públicos; debe crear el engranaje jurídico para garantizar el acceso a la información y su manejo responsable; y sentar bases que establezcan su autoridad como instancia de control y supervisión.

El poder judicial debe renovar sus procedimientos de impartición de justicia para garantizar la aplicación eficaz, equitativa y expedita de la ley, sin atentar contra los derechos procesales de los acusados.

La construcción de un nuevo régimen requiere ineludiblemente la rendición de cuentas frente al pasado. Sin el esclarecimiento y, en los casos pertinentes, el castigo de los ilícitos cometidos bajo el amparo de un sistema de complicidades, resultará imposible romper los cotos de poder que ahogan la convivencia de los mexicanos. Se correría el riesgo de reproducir las viejas prácticas en un nuevo contexto.

La investigación del pasado debe obedecer a la necesidad de construcción del futuro y no a un afán de venganza. El esclarecimiento de los actos de corrupción debe proceder con un alto sentido de responsabilidad sin cacería de brujas ni incriminaciones con sesgo partidario. Deben definirse los instrumentos adecuados y límites precisos sobre montos y plazos para el llamado a cuentas; y debe procederse con la cautela necesaria para evitar un clima generalizado de sospecha y de acusaciones encontradas, que frustre todo intento de reconstruir la credibilidad y la legitimidad del Estado, sus autoridades y sus representantes.

Para lograr la transparencia que este proceso requiere, mi propuesta es confiar en los ciudadanos para conducir el proceso.

Que el Congreso de la Unión expida una Ley Especial de Transparencia y Rendición de Cuentas con atributos y alcances similares a los de la Ley para la Concordia y la Pacificación en Chiapas.

Como mandato de esa ley, se establecería una Comisión Nacional de Transparencia, integrada por ciudadanos de prestigio e inatacable integridad moral y con dos tares especificas:

  1. Investigación de posible actos de corrupción que, a juicio de la propia Comisión, deban ser esclarecidos.
  2. Generar recomendaciones para la creación y transformación de mecanismos de gobierno, instituciones y leyes.

Amigos:

No nos equivoquemos: se nos ha querido gobernar con base en las complicidades de la corrupción; se nos a querido degradar con las aparentes ventajas de la corrupción. Pero los mexicanos no somos esencialmente corruptos.

En la naturaleza del mexicano hay una formidable, aunque a veces sorda, resistencia a la indignidad de la corrupción.

En materia de corrupción existen dos posturas antagónicas, una que considera que la transformación política del país requiere de un gran acto de perdón, de un őborrón y cuenta nueva‚ que de estabilidad y establezca las condiciones para evitar la corrupción futura. La otra, que exige el linchamiento público de todos aquellos culpables de traicionar la confianza en ellos depositada.

Ninguno de estos dos caminos puede conducir a un cambio político ordenado: Los partidarios del őborrón y cuenta nueva‚, dejarían intactas las redes de complicidades que han permitido y fomentado por tanto tiempo la corrupción. Los justicieros sin reparos encontrarían tantas resistencias en sus afanes de revancha que imposibilitarían la construcción de un nuevo marco institucional.

Yo propongo un camino que, con prudencia, justicia e inteligencia, permita desmantelar los cotos de poder, saciar las justificadas ansias de verdad, llevar el ajuste de cuentas hasta donde sea necesario para establecer el pasado y sentar los cimientos para una vida republicana renovada. Solo así reconstruiremos políticamente al país sin violencia.

Amigos:

México vive momentos de definición histórica. Las luchas que hoy libramos para darnos un espacio de convivencia en el que prive la seguridad, la justicia, la plena eficacia de la norma, y el pleno ejercicio de derechos y libertades, demandan el mayor esfuerzo, creatividad y talento.

Necesitamos un buen gobierno que tenga el talento de reconocer que hoy por hoy el ciudadano reclama un escenario de paz, de tranquilidad, de armonía, en el cual construir su sueĖos, desarrollar sus proyectos y realizarse como ser humano. Un gobierno que no de la espalda a los problemas, que instituya con los grupos políticos y sociales una mesa de dialogo permanente.

Necesitamos un orden institucional moderno que de cabida a la nueva pluralidad y al reequilibrio de los tres poderes; que reconstruya la autoridad sobre bases legales y morales; promueva un ejecutivo y legislativo constitucionalmente responsables; y recupere la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.

En materia de cumplimiento de ley cada funcionario público debe predicar con el ejemplo. Si quienes dirigen el país no lo hacen dando ejemplo de honestidad, de probidad, de transparencia, de compromiso, pasión y amor por México, difícilmente la sociedad tendrá liderazgos que seguir.

No nos engaĖemos. El régimen actual es inviable porque perdió el prestigio y la autoridad moral.

El régimen actual es inviable porque la ineficacia, la impunidad y la corrupción no podrán combatirse por los mismos métodos que los crearon y por las mismas personas que los toleraron.

No hay otro camino. Reconstruir el estado de derecho requiere la confianza de los ciudadanos en sus autoridades y eso solo puede darse con la alternacia en el poder.